Defensoría del Pueblo y la Universidad Católica de Santa Fe proyectan convenio de trabajo - Defensoría de Pueblo de la Ciudad de Posadas
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Defensoría del Pueblo y la Universidad Católica de Santa Fe proyectan convenio de trabajo

POSADAS. El defensor del pueblo, Alberto Penayo y el asesor legal de la Defensoría del Pueblo, Claudio Quevedo, se reunieron con Juan Manuel Díaz, delegado decanal en Posadas, y Zully Degano, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, a fin de avanzar en la firma de un convenio de trabajo conjunto entre ambas instituciones.

La iniciativa busca que la Universidad integre el Observatorio del Medio Ambiente, programa impulsado por la Defensoría del Pueblo para la bajada de los acuerdos de Escazú en la ciudad de Posadas.

Este Observatorio, además de realizar un trabajo interinstitucional y académico, también realizará un trabajo cercano junto a los vecinos, principalmente con las familias que viven en los márgenes de los arroyos de la ciudad.

Además de la participación de la Universidad en el Observatorio del Medio Ambiente, también se analiza la posibilidad de un trabajo en conjunto entre el Observatorio que vela por los derechos de los adultos mayores, programa que se desarrolla en la Defensoría del Pueblo desde el año 2018.

En otro plano, el convenio también incluiría un cronograma de capacitaciones y pasantias.  

«Fue muy grata la reunión con las autoridades de la Facultad y a partir de ahora se abre una puerta de muchas posibilidades. Confiamos en que este convenio avanzará y redundará en buenos resultados para ambas instituciones y para la sociedad», expresó el defensor Alberto Penayo.

El Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú (Costa Rica), es un tratado internacional firmado por 25 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. Actualmente cuenta con doce ratificaciones, entre las que se encuentra la Argentina.

Este acuerdo regional es considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones ambientales y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental, así como la aplicación; y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.

«En el marco del Observatorio, entre otras acciones que ya estamos impulsando, una de las más urgentes es buscar que se implemente en la ciudad de Posadas un estudio de impacto ambiental antes de la ejecución de cualquier intervención u obra pública. De este modo esperamos poder prevenir futuros problemas ambientales», detalló el defensor Penayo.