Durante la mañana del miércoles 06, se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Defensoría. Alberto Penayo, Defensor del Pueblo; Lilia “Tiki” Marchesini, Ministra de Derechos Humanos de la provincia y los diputados Roque Gervasoni (FR) y Martín Sereno (PAyS) se manifestaron en contra de los desalojos ordenados (mayoritariamente por el Juez Verón), considerándolos “un atropello” que acentúa el estado de excesiva vulnerabilidad de aquellas familias que viven en asentamientos.
A la convocatoria asistieron también, vecinos de la CH 190 y representantes de distintas Organizaciones Sociales: CCC, Frente Patria, Barrios de Pie, Movimiento Evita, CTD, Aníbal Verón Nacional, Federación de Tierra y Vivienda; quienes se sumaron al reclamo masivo en contra de esta “medida arbitraria y desconsiderada”. Respecto a la CH 190, en la tarde de ayer, la Defensoría presentó ante la Justicia un amicus curiae, con el fin de que cese la ejecución del desalojo.
“En el marco de una situación económica y social de crisis en Argentina, es inconcebible que se sostenga este tipo de medidas, que pone en mayor riesgo de vida a las personas” sostuvo Penayo. Y agregó “bajo el mando de la obligación y la responsabilidad que imponen instituciones como el Ministerio de DDHH, la Defensoría del Pueblo y la Cámara de Representantes, asumimos el compromiso de acompañar a las familias con el objetivo último de preservar su hábitat y bienestar”.
El defensor posadeño, respecto a la 190, afirmó “son aproximadamente 60 familias, con muchísimos niños, jóvenes, personas mayores y discapacitados. Es un caso, de varios que como Instituciones estamos trabajando: 239, 43, 11, etc”.
En referencia a ello, la Ministra Marchesini sentenció “es fundamental que el poder judicial convoque a una mesa de diálogo, en la cual se puedan rever las decisiones o medidas tomadas por el Juez, que como se mencionó, no considera a las poblaciones más vulnerables ni el derecho a una vivienda y a una vida digna”.
El diputado Gervasoni manifestó su preocupación por la falta de provisión de casa para las familias que el juez pretende desalojar. Asimismo, mencionó “la ley provincial XII n° 38, la cual se adhiere a la Ley n° 27.453 y donde se establece la mesa de diálogo como instancia para resolver estas situaciones”. Consideró que “el juez está pasando por encima la legislación vigente y que la provincia no puede hacer de “inmobiliaria”” e hizo referencia a la figura del prevaricato, bajo la cual la autoridad del juzgado actúa por fuera de la ley. “El Juez deberá convocar a la mesa de diálogo, incluyendo a IPRODHA, para que evalúe la adquisición de tierras y puedan dar una respuesta a las familias que son afectadas por los desalojos”.
Sereno finalmente, denunció que en el poder judicial “opera un negocio con las tierras, mediante el cual se perjudica a las familias habitantes y se favorece a los propietarios de tierras ociosas. No se respetan las leyes y se vulneran los derechos humanos”.
“Es por todo esto, que como representantes de Instituciones y Organismos nos unimos para solicitar que se revise el proceder de la Justicia y se exija una instancia de diálogo, contemplando una solución habitacional antes de proceder al desalojo” concluyó Penayo.
