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Proponen la creación de un Registro de Asentamientos Provincial y un Protocolo de Desalojo

Ante los numerosos casos de desalojos acaecidos en los últimos tiempos, en la provincia de Misiones y ante las malas condiciones en que se fueron llevandos a cabo, organismos responsables de velar por los Derechos Humanos y diputados provinciales, proponen la creación de un Registro Provincial de Asentamientos/ Barrios Populares y un Protocolo para establecer las acciones previas a la sentencia de un desalojo, que deberá acatar el Juez a cargo.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el diputado provincial Roque Gervasoni (FR) explicó respecto al protocolo » tiene como objetivo cuidar el bienestar de la persona ante la situación de desalojo. Ante la intervención agresiva que observamos en este último tiempo, proponemos un trato más humanitario». Y agregó «necesitamos que estos procesos se den de manera más digna y llevadera para todos. Y que la familia vaya a un lugar que el Estado destine, no podemos seguir arrojando gente a la calle». Señaló además que se propondrá que el registro sea manejado dentro del ámbito de la Subsecretaria de Tierras de Misiones.

La Ministra de Derechos Humanos Lilia «Tiki» Marchesini por su parte, refirió que «1580 familias, en la provincia, han estado en situación de desalojo. En algunos casos pudimos resolver y en otras no». Señaló asimismo, que las familias por lo general son numerosas. «Muchos casos son de mujeres con niños, la madre como único sostén. Los grados de vulnerabilidad son extremos».
Respecto a ambos proyectos aseveró que blanquean o visibilizan «lo que nosotros en conjunto, venimos haciendo. Que es, no sólo respetar las leyes sino mostrar la situación, el contexto de cada grupo y pedir que la articulación sea siempre con todas las organizaciones, del estado y sociales» .
Marchesini remarcó que el protocolo establece mecanismos, que el Juez deberá implementar de manera obligatoria, previa a la sentencia. «No puede pasar lo que sucede ahora, que emite la sentencia y nosotros nos encontramos asistiendo a la familia en la calle, de un día para otro, a la mañana temprano, con niños descalzos y llorando. El protocolo lo que hace es conducir al juez a convocar a las partes: Defensoría, Subsecretaría de Tierras, IPRODHA, Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social, de la Familia y la Juventud, a fin de que el estado prevea que alternativas o que soluciones se pueden dar».

El Defensor del Pueblo Alberto Penayo por su parte, afirmó que «desde la Defensoría se viene acompañando los casos de desalojo». Y que «un gran números de ellos, siempre está relacionados a la cantidad de asentamientos: detrás de Carina Pacheco, vienen las 13 familias de la CH 239, y asi… el riesgo de desalojos, en las condiciones normativas en que estamos hoy, es siempre primero, especulativo y segundo, una situación latente».
Y explicó «en la provincia hay 260 asentamientos, en Posadas aproximadamente 70: en las condiciones actuales tendría que decir que las 13.000 familias están sujetas a un posible desalojo».
«Por eso» y remarca «celebro la decisión de la política provincial de, primero reconocer la problemática y que debe ser atendida».
Por último, sostuvo «tenemos normas que están taxativamente claras, pero que no se respetan: la XII n°35 y hace poco se aprobó la adhesión al art. 15 de la Ley Nacional n° 27.453 que ratifica lo que ya decía la anterior.
Tenemos que fortalecer esa parte, sin menoscabar el derecho del privado. Estos proyectos, son una alternativa, para que de ambos lados los derechos sean respetados» concluyó el Defensor capitalino.